domingo, noviembre 17, 2013

Saqueos, especulación, violencia y cambio social.

La semana pasada cuando leímos en el Twitter que había saqueos en Venezuela lo primero que pensamos fue en los sucesos de febrero de 1.989, el día en que la gente de los cerros bajó a la ciudad a decir que existían y que eran parte de nuestra sociedad, pero no, esta vez no se trató de una manifestación espontánea en contra del gobierno, sino que ocurrió el insólito hecho de que fue el gobierno mismo quien promovió las manifestaciones frente a las tiendas de electrodomésticos para exigir la liquidación de la mercancía a precios razonables, consenso con los beneficios  cambiarios  que reciben los importadores de electrodomésticos.

La violencia es injustificable en todos los caso y en este hubo violencia, rompieron vidrieras sacaron productos por la fuerza, algunos por el simple deseo de destrucción. Una de las funciones del Estado es la preservación de la paz social y en este caso hubo una perturbación innegable de esta. Pero debemos ir un poco más allá y preguntarnos cual fue el origen de la perturbación, a primera vista aparecen las palabras de Nicolás Maduro en cadena nacional de radio y televisión denunciando la especulación y diciendo que la mercancía debía ser liquidada a precios justos sin dejar un solo producto en los aparadores; pero la raíz del problema no está allí, obviamente hay responsabilidad de un buen número de comerciantes que especulan y se benefician de las políticas públicas derivadas de un sistema de cambio monetario que no es accesible a toda la población, no olvidemos que estamos hablando de productos importados, pero también hay que ver la falta de una política coherente de control en la comercialización de los productos importados.

Las leyes del mercado, la oferta y la demanda son las que deben determinar los precios, pero esto es prácticamente imposible cuando existe una política de racionamiento de las divisas lo que da por resultado que sean accesibles a unos pocos quienes al final serán los encargados de fijar los precios, lo cual aunado a la incertidumbre de conocer los precios de reposición de las mercancías y el aumento constante del circulante como política del Estado para solventar los problemas internos se convierte en caldo de cultivo para la especulación, la cual por cierto se inicia en el mercado negro de divisas en el que un dólar vale ya más  diez veces que el dólar de Cadivi y seis o siete veces el precio fijado en las subastas oficiales.

El problema es entonces una economía distorsionada en buena parte por la misma acción del Estado, aunque no debemos obviar la acción especuladora de algunos comerciantes que no habían tenido hasta ahora ningún tipo de control sobre sus ganancias. La pregunta que surge entonces  es ¿cual es la solución? Si el gobierno mantiene su línea de desmontaje del capitalismo para la construcción del socialismo como lo pregonan en los discursos oficiales la opción será continuar con la política de controles férreos sobre los precios, estatización    del sector productivo y comercial junto al control de las divisas, lo cual traerá seguramente como consecuencia un periodo de  más desabastecimiento, crecimiento del mercado como consecuencia  de ello  más especulación.  Si se opta por tomar mediadas manteniendo un sistema capitalista con controles del Estado en algún punto será necesario desmontar el control cambiario, lo cual traerá con toda seguridad una incontrolable fuga de capitales y el disparo de la inflación a niveles insospechados.

Entonces pareciera que no hay salida fácil; sin embargo pude haber un proceso lento, pero efectivo en el cual la acción estatal se encaminé a ganarse la confianza de los sectores productivos y se comience a invertir en el país bajo la egide de un nuevo modelo que combine la solidaridad social con una rentabilidad apropiada que no se salga de los niveles de la decencia y de la justicia. El Estado en este caso tendría que jugar un papel muy importante como mediador entre los productores y los consumidores, entre trabajadores y patronos, generando seguridad jurídica, estabilidad en el mercado cambiaría y eficiencia en el poder judicial. Todo esto es posible si por un lado existe la voluntad política para hacerlo y por el otro la ciudadanía toma conciencia de la situación.

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