La Asamblea Nacional de Venezuela trabaja en la aprobación de una Ley de Amnistía para los presos políticos. Con la mayoría que tiene la oposición en el parlamento esta iniciativa de este grupo político puede darse por hecho que será aprobada sin mayores dificultades, lo difícil será que al entrar en vigencia la Ley pueda ser cumplida a cabalidad, pues es probable que el TSJ la declare inconstitucional por considerarla inconstitucional.
La inconstitucionalidad será alegada irónicamente porque se considerará que la amnistía se dará a personas supuestamente incursas en violaciones a los derechos humanos, ya que los expedientes de los presos políticos han sido fabricados teniendo cuidado que tal circunstancia aparezca como base de los procesos. La argucia legal solo pudo ser construida en base a la experiencia que dan los más cincuenta años del régimen castrista, principal asesor del gobierno venezolano.
Quienes conocemos algo de derecho sabemos que la llamada verdad verdadera no necesariamente tiene que coincidir con la verdad procesal; esto es, que se tendrá por cierto lo que se pruebe en el proceso independiente que los hechos no resulten ser realmente ciertos, pero que tal circunstancia no quede probada en autos. En muchos de los casos por los cuales se están juzgando a los presos políticos es sabido que las pruebas han sido fabricadas para probar violaciones de derechos humanos y delitos que realmente no se cometieron; pero al caer en manos de una justicia mediatizada no podremos esperar otra cosa que una sentencia que rechace el proceso de amnistía dado el rango constitucional de la protección de los derechos humanos,
El juego nuevamente quedara trancado, los perjudicados seguirán siendo los presos políticos, pero también el resto del colectivo, cuyos derechos humanos poco importarán a los encargados de juzgar sobre la procedencia de la nueva Ley. La única salida sería el cambio de las autoridades judiciales o el cambio del régimen en general, lo cual solo parece posible a través de un acto de fuerza, lo cual haría perder legitimidad al legislativo y podría dar origen a reacciones que pongan fin a su actual estructura y acabando con la esperanza de la toma del rumbo democrático.
Ante la posición asumida por los factores de poder cercanos al gobierno la única salida será hacer valer los derechos ciudadanos a través de métodos poco ortodoxos, se habla de salir a la calle a alzar las voces en contra de la injusticia, pero hasta ahora no existe una voluntad manifiesta de hacerlo ni ha aparecido una organización política capaz de diseñar y promover acciones contundentes. Las experiencias de años anteriores han servido para amedrentar a la población que en realidad lo que quiere es paz y posibilidades para construir un futuro mejor en lo particular y en lo colectivo.
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