La situación institucional del país ha llegado a extremos tales que ya no nos extrañan las declaraciones de personas que son reconocidas como juristas o constitucionalistas diciendo que las solución a la propuesta de enmienda constitucional debe ser política, no jurídica.
Obviamente el tema de la enmienda es, es decir la prolongación del periodo presidencial político, pero los argumentos que se están presentando son jurídicos y aunque no se debería tirar la toalla en la lucha política el ejercicio de las acciones legales ante los órganos jurisdiccionales no debe ser descartado, pues de hacerse se estaría liberando una instancia muy importante a la hora de establecer responsabilidades.
Los magistrados que conozcan de las acciones que se intenten deben comprometer su responsabilidad a la hora de pronunciarse, además teniendo una sentencia que comprometa o no la constitucionalidad de la enmienda se pueden ejercer acciones ante los tribunales internacionales y aunque las decisiones de estos carezcan de eficacia, tiene un efecto político ante la comunidad internacional.
Obviamente el tema de la enmienda es, es decir la prolongación del periodo presidencial político, pero los argumentos que se están presentando son jurídicos y aunque no se debería tirar la toalla en la lucha política el ejercicio de las acciones legales ante los órganos jurisdiccionales no debe ser descartado, pues de hacerse se estaría liberando una instancia muy importante a la hora de establecer responsabilidades.
Los magistrados que conozcan de las acciones que se intenten deben comprometer su responsabilidad a la hora de pronunciarse, además teniendo una sentencia que comprometa o no la constitucionalidad de la enmienda se pueden ejercer acciones ante los tribunales internacionales y aunque las decisiones de estos carezcan de eficacia, tiene un efecto político ante la comunidad internacional.
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