Ante la pregunta de qué se puede hacer para establecer algún tipo de sanción a los violadores de los derechos humanos en los casos de las protestas de este año en San Cristóbal hemos realizado un estudio que nos ha llevado a concluir que sólo con un sistema de justicia imparcial y eficiente en el ámbito nacional se podría llegar a establecer las responsabilidades y por ende las penas correspondientes. Muchos preguntan qué puede hacerse en el ámbito internacional. La respuesta es no mucho.
Como es sabido Venezuela está fuera del Sistema Interamericano de Derechos Humanos desde el año pasado por decisión del gobierno de Nicolás Maduro, así que no hay posibilidad de una sentencia de este tipo en los casos de las violaciones de los derechos humanos en el marco de las protestas que se sucedieron durante este año. Las únicas vías que existen para enjuiciar al Estado son las de los tribunales nacionales. Sin embargo, hay una posibilidad de denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que no generaría una sentencia propiamente dicha, sino un informe de las violaciones con efectos en la opinión pública, pero sin ningún carácter punitivo.
En el Sistema Interamericano Venezuela como miembro de la OEA puede ser objeto de vigilancia en materia de derechos humanos, pero de nuevo lo único posible sería llegar a un informe sobre la situación de derechos humanos, pero sin ningún carácter coercitivo. Los procesos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como se dijo ya no es competente para juzgar a Venezuela tampoco serían de gran alivio, pues sus decisiones no comportan consecuencias que puedan cambiar definitivamente el estado de las cosas.
En el año 2007, para citar un ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Colombiano como corresponsable de la participación de las Autodefensas Unidas de Colombia en la masacre de Maripán, un caso en el que murieron 49 personas, muchas de ellas torturadas, decapitadas y descuartizadas El juicio duró cuatro años y la condena se limitó a ordenar al Estado a investigar los hechos para establecer las responsabilidades individuales, iniciar un plan de formación en derechos humanos en todos los niveles jerárquicos en las Fuerzas Armadas, publicar parte de la sentencia e indemnizar económicamente a los familiares de las víctimas y a construir un monumento en memoria de los caídos.
Queda la Corte Penal Internacional, pero allí se puede juzgar a las personas por delitos de lesa humanidad, no se puede juzgar a los Estados. Hasta ahora ningún mandatario ha sido juzgado en ejercicio de sus funciones, sólo ex mandatarios han sido juzgados, pero en ningún caso los gobiernos han sido objeto de juicios en esta instancia pues no es su función.
En conclusión la única vía para vivir en un ambiente de paz y respeto a los derechos humanos es teniendo un gobierno realmente democrático, con una legislación que establezca un sistema justo que no deje lugar a los conflictos sociales y con un sistema de justicia independiente e imparcial. Lo demás puede servir de ayuda, pero no debemos verlo como la solución al problema.
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