sábado, febrero 03, 2007

Socialismo y Seguridad Jurídica.

El presidente Chávez fue investido esta semana de poderes especiales a fin de legislar sobre once distintas materias por vía de decreto y durante dieciocho meses. Paralelamente a una comisión presidencial se le encargó de estudiar una reforma a la Constitución Nacional que será discutida, y seguramente, aprobada por la Asamblea Nacional. Todo esto en el marco del inicio del llamado Proyecto Nacional Simón Bolivar que pretende establecer en Venezuela un sistema socialista. Sin embargo, hasta hoy los artífices de los cambios, entiéndase el presidente y su entorno mas inmediato, no solo no han definido el concepto del socialismo que se piensa implementar, sino que han expresado que será una vía venezolana, diferente del socialismo real del siglo XX, es decir el que se estableció en La Unión Soviética y en otros países del oriente de Europa. También se ha dicho que será un socialismo distinto al de Cuba, porque el lugar y el tiempo es distinto. Se habla de una economía mixta que permitirá la propiedad privada sobre algunos medios de producción, pero se insiste en la necesidad de que las industrias básicas, esto es la industria petrolera y la explotación de minerales en general, las empresas estratégicas, como las generadoras de energía y las principales operadoras de telecomunicaciones y posiblemente la actividad agropecuaria, sustento de lo que se ha venido llamando soberanía o seguridad agroalimentaria estén, sino en manos del Estado, bajo el control de este.

Lo preocupante de todo esto es que dentro del concepto industrias básicas, empresas estratégicas y soberanía agroalimentaria puede caber cualquier cosa, mas si añadimos a esto las actividades de función social, dentro de las cuales se incluyen obviamente la salud, la educación, la vivienda, el transporte, la justicia, las comunicaciones, la cultura, el deporte y cualquier otra que se nos ocurra.

Esta reflexión la hago en función de hacer ver cuan necesarias son las definiciones a la hora de promulgar un nuevo cuerpo legislativo y reformar la Constitución. De ello dependerá la seguridad jurídica, un concepto de derecho decisivo a la hora de garantizar a los ciudadanos su derechos y el cual repercute en la inversión tanto interna como extranjera, que como sabemos es uno de los motores fundamentales del desarrollo de los países, incluso de los de regímenes socialista como Cuba y China, que en las últimas becadas abrieron sus puertas a la inversión extranjera en ciertas áreas para impulsar sus economías que estaban llegando a situaciones en los que no eran capaces de satisfacer las necesidades de sus poblaciones.

Así que lo primero que como ciudadanos debemos exigir al presidente, ahora erigido en legislador supremo y a los demás legisladores es que el cuerpo normativo que se intenta promulgar para desarrollar el proyecto socialista sea claro en las definiciones y así podamos contar con la anhelada seguridad jurídica de la cual dependerá en buena parte el bienestar de la ponlación, que es el fin ultimo del Estado.

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